El apoyo de Maduro para mantenerse en el poder.

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El periodista y consultor de seguridad nacional estadounidense Douglas Farah, presentó un informe la semana pasada en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Washington, definiendo como  “La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”, en la que identifica a 176 compañías y a 181 individuos y que tiene ramificaciones en al menos 26 países, entre ellos España. Según el autor, es la que hace posible que Maduro siga resistiendo el cerco al que le están sometiendo las sanciones financieras de la administración norteamericana.

Lo define como una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada con individuos que operan en todo el mundo. Así lo confirma las investigaciones judiciales abiertas en distintos países.

En julio de 2018, 12 individuos vinculados con PDVSA fueron acusados en el Distrito Sur de Florida por conspiración de lavado de 1.200 millones, desde dicha compañía a bancos, casas de bolsa y compañías de inversión en bienes raíces en los Estado Unidos. En la denuncia se detalló al menos una de las diferentes tipologías que utiliza el gobierno venezolano para mover sumas cuantiosas de dinero a puerto seguro al menos durante la última década.

La forma de operar, según Douglas Farth, empezó a funcionar con las ventas falsas de petróleo. PDVSA aparece como accionista mayoritaria en varias petroleras subsidiarias de la región, a través de su sucursal PDV Caribe. Esta posee el 60% de ALBA Petróleos en El Salvador y el 51% de Albanisa en Nicaragua.

El control de PDVSA sobre cada compañía involucrada en el consorcio del ALBA, permite mover fondos a través de la compañía venezolana hacia sus subsidiarias centroamericanas con facilidad. Albinsa, la subsidiaria  nicaragüense, según el informe, recibió 6.000 millones de fondos ilícitos durante la última década que anualmente suponían el 20 % del presupuesto nacional, pero nunca fueron sometidos a control contable alguno por el Congreso, porque eran manejados por las élites políticas del entorno de Daniel Ortega, a través de empresas de fachada con sede en Panamá y otros paraísos fiscales. Teóricamente invertían en proyectos de bienes y servicios que nunca existieron en la realidad.

Los proyectos de infraestructura falsos se han convertido en otro eficiente método de robo y blanqueo de dineros públicos en el país. Douglas Farth relata como Chávez y Ortega colocaron en el año 2007 la primera piedra de una refinería en Nicaragua para tratar el petróleo pesado de PDVSA. En este proyecto, bautizado como “El Supremo Sueño de Bolívar», con un presupuesto de 7.600 millones de dólares, desde entonces, sobre el papel, PDVSA y Albinsa destinaron al proyecto cerca de 500 millones de dólares, pero nueve años más tarde en el solar destinado a tal fin, el autor del informe que visitó el lugar solo encontró «un campo vacío con algunos tanques de almacenamiento y una cerca de madera».

Otros proyectos que nunca se ejecutaron incluían contratos para la exploración petrolera, que nunca se realizó, la construcción de una planta para la producción de vacunas que jamás produjo una vacuna, una planta productora de paneles solares que no produjo paneles, una compañía embotelladora de agua que no generó agua embotellada alguna y docenas de otras empresas fantasmas en toda la región.

El control de cambios impuesto por Hugo Chávez en la década anterior permitió al régimen obtener cuantiosas cantidades de divisas (dólares y euros, fundamentalmente) que entraban en el país por la venta de petróleo. Este fue otro de los grandes negocios del chavismo. Las obtenían a un tipo de cambio preferencial, teóricamente para el pago de importaciones de bienes y servicios, pero luego las vendían  en el mercado negro nacional donde el bolívar iba valiendo menos cada día como consecuencia de la inflación galopante, Los cuantiosos beneficios obtenidos eran invertidos en el exterior (Estados Unidos fundamentalmente, pero también en otros países como España) en la compra de bienes raíces o de otros valores, mucho más difíciles de rastrear que el dinero en efectivo. 

A medida que fue descendiendo la entrada de petrodólares por la caída del precio del crudo en el mercado internacional y de la producción, por la falta de inversiones en la infraestructura productiva, creció el interés de estos grupos por el tráfico de cocaína, por el oro y otros minerales de alto valor comercial, como el uranio y el coltán, procedentes de la minería ilegal.

El progresivo incremento de las sanciones financieras a las que está siendo sometido el régimen de Maduro, ha convertido la minería ilegal en una de las principales vías de blanqueo y obtención de efectivo, fundamentalmente destinado a la compra de voluntades y fidelidades.

En el 2018, según el informe, el estado venezolano vendió 73.2 toneladas de oro en Turquía y Emiratos Árabes Unidos y parte del mismo terminó en Uganda. Debido a que las reservas de oro del Banco Central Venezolano crecieron en 11 toneladas en cuyo año, a pesar de la venta masiva en curso, todo hace suponer que una importante cantidad de mercadería era obtenida ilegalmente por grupos disidentes de la FARC y el ELN.

La última tipología financiera delictiva explorada en el informe reseñado se basa en las transferencias banco a banco. La abundancia de recursos pasando por PDVSA y ALBA forzó a la empresa a adoptar soluciones sólo disponibles para estados involucrados en actividades delictivas. En un caso, Nicaragua creó su propio banco bajo la protección del Estado nicaragüense. Este banco estaba directamente controlado por el presidente Ortega y un grupo de sus más cercanos cómplices en los negocios financieros, los que ya controlaban el consorcio Albanisa.

El expolio perpetrado por el chavismo en las dos últimas décadas también ha generado una ingente deuda externa y sus respectivos intereses. Algunas estimaciones llegan a cifrar en 100.000 millones de dólares, que los respectivos acreedores no van a perdonar y que, a fin de cuentas, le tocará pagar a los venezolanos que logren sobre vivir a una crisis que redujo la economía del país en un 53 % desde la llegada de Maduro a la presidencia.

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